El pasado mes de abril, tras una serie de intensos debates parlamentarios y grandes movilizaciones en las calles, tanto a favor como en contra, asistíamos finalmente a la noticia de la aprobación del matrimonio igualitario en Francia. No mucho tiempo antes se había reconocido también este derecho en Uruguay y Nueva Zelanda, y apenas un mes más tarde, el 14 de mayo, incluíamos a Brasil en la lista de países que no tienen en cuenta el sexo de las personas a la hora de contraer matrimonio. Tantos años de lucha colectiva están, finalmente, dando sus frutos.
En nuestro país se cumplen ocho años del reconocimiento de este derecho a todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Precisamente por lo difícil y costoso que ha sido llegar hasta aquí debemos felicitarnos y disfrutar de lo conquistado, reconociendo a todas las personas anónimas que han dedicado su tiempo y esfuerzos a que otras y otros podamos hoy expresar y vivir libremente nuestra sexualidad. No obstante, el reconocimiento de derechos no puede traducirse en desmovilización, haciéndonos pensar que ya no queda trabajo por hacer.
Desde las áreas de Juventud y Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS) de Izquierda Unida consideramos que uno de los ámbitos destacados en los que debemos trabajar para la consecución de la igualdad real y efectiva es la educación. En este sentido se hace necesario entender como una prioridad la lucha contra el acoso escolar o bullying LGTBIfóbico.
Este acoso tiene consecuencias tan graves como que un 20% de la población LGTBI haya intentado suicidarse durante su adolescencia, representando más de la mitad de la totalidad de adolescentes que intenta poner fin a su vida. Estas situaciones de acoso extremo potencialmente derivables en suicidio son sólo la punta del iceberg de la violencia, física y simbólica, a la que se exponen chicas y chicos desde temprana edad por no ajustarse su orientación sexual o su identidad de género a la norma preestablecida socialmente.
La reforma de la ley educativa impulsada por el ministro Wert, la LOMCE, va en una dirección totalmente opuesta a lo dicho anteriormente. Atendiendo a criterios sexistas y sexuales se hace una discriminación por género en virtud de una mayor "eficiencia" en los resultados educativos, confundiendo además el objetivo de la educación que deber ser la formación de ciudadanos y ciudadanas y el fomento de la cooperación, y no la generación de máquinas que fomenten la competencia. Con está reforma educativa la sexualidad se convertirá en un tabú y será mucho mas complicado la normalización de la orientación sexual entre los y las jóvenes. Además, los mismo argumentos que han servido para establecer una segregación por sexos podrían utilizarse mas adelante para hacerlo por la orientación sexual.
Aunque el acoso LGTBIfóbico es especialmente importante en el ámbito escolar por las consecuencias que conlleva en el desarrollo personal, este no finaliza aquí. La no aceptación social de la libre orientación sexual o identidad de género continúa posteriormente en el ámbito laboral. La actual situación de crisis y la preocupante situación del mercado laboral debido a las reformas laborales neoliberales impuestas por los gobiernos del PSOE y PP dificulta aún más el acceso a un puesto de trabajo y a su continuidad en el mismo, condicionando e impidiendo en muchos casos la “salida del armario”, y esto es especialmente dramático en el colectivo transexual.
La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género es tan grave como la ejercida en base al sexo o la raza, y consecuentemente ha de ser combatida con firmeza. Desde las áreas de Juventud y de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS) de IU consideramos que la solución a esta discriminación, especialmente en la juventud, pasa por la puesta en marcha de protocolos de atención a la diversidad afectivo-sexual en el ámbito escolar y la formación y orientación del profesorado que ayude a la detección y prevención de posibles casos de LGTBIfobia, así como por la aprobación de medidas concretas contra el desempleo juvenil y la precariedad laboral, que afecta doblemente a los colectivos sociales más vulnerables. Sólo con la implantación de contenidos específicos LGTBI de forma transversal en los ámbitos de los servicios públicos (educación, sanidad, etc) y del empleo conseguiremos atajar de manera decidida los casos cotidianos de discriminación a los que se enfrentan tanto niños y niñas como jóvenes LGTBI y ayudarles a que acepten y disfruten libremente sus relaciones afectivo-sexuales.
Se han conseguido muchos avances en estos último años pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Hay que seguir luchando contra los sectores mas reaccionarios de la sociedad como la Iglesia Católica, el Opus Dei o el Partido Popular que intentan imponer un modelo social contrario al colectivo LGTB con ejemplos como la LOMCE o la ley de apoyo familiar que intenta implantar una unidad familiar que no existe en la realidad.
Hay que seguir luchando contra los representantes del pueblo que niegan los derechos del colectivo LGTB como en nuestra ciudad ocurre con el alcalde León de la Riva que ha declarado en reiteradas ocasiones que ni ejercerá y delegará la competencia para casar a gays y lesbianas (+info aquí y aquí).
Hay que luchar contra aquellas instituciones que no defienden de forma adecuadas los derechos y libertades del colectivo LGTB como el ayuntamiento de nuestra ciudad que declino hacer una declaración institucional contra la homofobia y transfobia (+info aquí)
En definitiva, hay que seguir luchando para educar en igualdad como apuesta de presente y de futuro, para un juventud libre, diversa y empoderada.
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