El miércoles 5 de
Noviembre tendrá lugar en Valladolid el juicio contra los presuntos agresores
de Javier Ramos, secretario político de las Juventudes comunistas de Castilla y
León y militante de Izquierda Unida.
Javier Ramos sufrió
la persecución y posterior agresión y robo de cinco neonazis la madrugada del
18 de Mayo. A pesar del intento de ocultar su rostros, uno de los agresores fue
reconocido y denunciado ante las autoridades policiales; recientemente, ha sido
reconocido un agresor más, siendo todavía desconocidos los tres restantes.
El nombre y
apellidos de los presuntos agresores identificados es Luís Rodríguez Rodríguez
y Francisco Arroyo Manzano, adolescentes de 18 años con reconocida actividad en
los movimientos neonazis de Valladolid así como vinculación al partido
ultraderechista “Democracia nacional”. Ambos han sido reconocidos por las
autoridades policiales como actores activos de violencia fascista en la zona.
Izquierda Unida
Castilla y León quisiera manifestar su rotunda condena a los cada vez más
frecuentes actos de violencia y agresión fascista que se reproducen en Castilla
y León, como ya hizo en el momento de conocerse la citada agresión a Javier
Ramos, y exige además a la delegación del gobierno de la comunidad un aumento
de la presión así como una efectiva vigilancia de los grupos neonazis
operativos en la zona, pidiendo sin reservas, además, que èsta se efectúe en
concordancia con las normativas Europeas que obligan a la persecución penal sin
reservas de toda incitación al odio y de cualquier exaltación de dictaduras
totalitarias como el Franquismo.
En apoyo al
agredido, Izquierda Unida asistirá al juicio contra los encausados y en apoyo a
Javier Ramos. Es de obligación recordar que, en los últimos tiempos, este tipo
de agresiones se han venido repitiendo con más frecuencia de la deseada y de
modo claramente selectivo a activistas democráticos, sindicalistas, inmigrantes
y cualquier grupo social en riesgo de exclusión social. Por ello, Izquierda
Unida quisiera recalcar que la aplicación de las normativas europeas tendrían
que tener en cuenta el carácter profundamente selectivo de estas agresiones.
